Ciudad de México; 11 de diciembre de 2025. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que bloqueó cuentas bancarias y empresas vinculadas al círculo cercano de Edgar “N”, alias “El Limones”, presunto integrante del grupo criminal Los Cabrera y secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la región Laguna, como parte de las acciones derivadas de su detención en Durango.
Entre las personas afectadas por las medidas de congelamiento financiero se encuentran allegados y presuntos operadores que, de acuerdo con las investigaciones del Gabinete de Seguridad, mantenían vínculos directos con “El Limones” y participaban en movimientos de recursos sin justificación clara.
Las cuentas intervenidas correspondían no solo a individuos, sino también a empresas con giros de inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería que —según las autoridades— presentaban patrones financieros irregulares y aparentes recursos de procedencia ilícita, lo que coincidía con actividades de lavado de dinero.
Las empresas bloqueadas tenían características de “empresas fachada”, utilizadas supuestamente para simular pagos de nómina, realizar compraventas de vehículos de lujo, ejecutar pagos en efectivo y efectuar transferencias fraccionadas sin actividad económica real identificable, explicó el Gabinete de Seguridad.
Estas acciones se realizan en seguimiento a la detención de “El Limones”, quien fue arrestado el miércoles pasado en Durango tras un operativo coordinado entre dependencias federales y se le vincula con extorsión contra comerciantes y ganaderos en la Laguna, además de operaciones financieras sospechosas.
El objetivo de los bloqueos, indicaron las autoridades, es proteger a posibles víctimas de extorsión y fraude, así como blindar al sistema bancario nacional de ser utilizado como canal para recursos de origen ilícito, dentro de la estrategia nacional contra el crimen organizado.
La intervención de la UIF forma parte de una serie de medidas más amplias que incluyen la coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, que permitieron también operativos en inmuebles relacionados con la red criminal.
Con estas acciones, el gobierno federal busca desarticular no solo a los líderes del grupo delictivo, sino también las estructuras financieras que permitían la operación de sus actividades ilícitas, enviando un mensaje de que el sistema financiero no será usado para resguardar recursos obtenidos por extorsión y otros delitos.
