Ciudad de México, 22 de octubre de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para reforzar las sanciones contra la piratería y el uso indebido de logotipos, documentos e identidad gráfica de instituciones públicas con fines de fraude. La minuta fue avalada en lo particular con el respaldo de Morena y sus aliados, y enviada al Ejecutivo federal para su publicación.
La aprobación se produjo después de casi diez horas de discusión, durante las cuales legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde defendieron la reforma como una herramienta para combatir la falsificación y la suplantación de instituciones gubernamentales, mientras que diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron sobre posibles riesgos para la libertad de expresión.
Uno de los puntos más controvertidos fue el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contempla sanciones para quienes utilicen, reproduzcan o imiten la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales con fines comerciales y con la intención de inducir al error o engaño para cometer un ilícito. Las sanciones previstas incluyen penas de prisión y multas económicas.
Durante el debate, legisladores de oposición señalaron que la redacción de algunos apartados podría prestarse a interpretaciones que afecten la publicación de memes, caricaturas políticas, parodias y contenidos satíricos. También solicitaron incorporar disposiciones explícitas para proteger el trabajo periodístico, artístico y educativo, propuestas que no fueron aceptadas durante la discusión en lo particular.
En contraste, representantes de Morena y sus aliados sostuvieron que la reforma está dirigida a combatir conductas fraudulentas y no a sancionar las expresiones críticas contra funcionarios o instituciones. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que la legislación no debe aplicarse contra periodistas cuando no exista delito, mientras que integrantes de la mayoría defendieron la necesidad de establecer mecanismos para frenar la suplantación de entidades públicas con fines ilícitos.
La minuta fue aprobada en lo particular con 281 votos a favor y 83 en contra, luego de que se presentaran numerosas reservas por parte de los grupos parlamentarios, ninguna de las cuales fue admitida para su discusión. Con su envío al Ejecutivo federal, el decreto quedó pendiente de publicación oficial para su entrada en vigor.
La reforma abrió un nuevo debate legislativo sobre el equilibrio entre la protección de la propiedad industrial, la prevención del fraude y las garantías constitucionales de libertad de expresión, particularmente en lo relacionado con la sátira política y la crítica pública.
