Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto con el que se busca impedir que los funcionarios públicos puedan reservar información de manera discrecional y fortalecer el acceso de la ciudadanía a los documentos gubernamentales. La medida establece que las decisiones para clasificar información como reservada ya no dependerán únicamente de un servidor público, sino que deberán ser revisadas y aprobadas por comités colegiados, con el objetivo de garantizar que se apeguen estrictamente a lo establecido por la ley.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el decreto tiene como propósito cerrar espacios a la opacidad y asegurar que la información pública solo pueda reservarse en los casos previstos por la legislación, como aquellos relacionados con procesos judiciales en curso, la protección de datos personales o riesgos reales para la seguridad nacional. Reiteró que ningún funcionario podrá decidir por sí solo restringir el acceso a documentos oficiales.
Sheinbaum también anunció que, al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, enviará una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia para incorporar de manera permanente las disposiciones contenidas en el decreto. La propuesta contempla ampliar las obligaciones de publicación de información por parte de las dependencias federales, bajo el principio de máxima publicidad, así como fortalecer la rendición de cuentas y el escrutinio ciudadano sobre el uso de los recursos públicos.
