Ciudad de México, 25 de febrero de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma electoral que plantea reducir la integración del Senado de 128 a 96 legisladores, al eliminar la lista de representación proporcional y conservar únicamente 64 escaños de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

En el caso de la Cámara de Diputados, se mantendrían los 500 integrantes, pero con ajustes en su conformación: 300 serían electos por mayoría en distritos; 200 por representación proporcional, de los cuales 97 corresponderían a candidatos que no ganaron su distrito pero obtuvieron alta votación, 95 serían de votación directa por circunscripción y ocho serían electos por mexicanos en el extranjero.

La propuesta, explicada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, contempla una reducción de 25 por ciento en el gasto destinado a la organización electoral, lo que impactaría en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, de los organismos públicos locales electorales, el financiamiento de partidos políticos y los tribunales electorales.

Rodríguez detalló que se prevé disminuir salarios y bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego al artículo 127 constitucional que establece que ningún servidor público puede ganar más que la Presidenta. Asimismo, se busca eliminar duplicidades entre instancias nacionales y locales.

La reforma también propone reducir el gasto del Congreso de la Unión y de los congresos estatales, así como ajustar el número de regidurías en los municipios, fijando un máximo de 15 en función de la población.

En materia de fiscalización, se fortalecerían las facultades del INE, que tendría acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidatos. Se prohibirían aportaciones en efectivo y se obligaría a que los recursos se manejen a través del sistema financiero, además de promover el uso de tecnologías para supervisar el gasto.

La iniciativa contempla reducir los tiempos de radio y televisión en campañas de 48 a 35 minutos diarios y crear ocho diputaciones migrantes para incentivar la participación de mexicanos en el exterior. También plantea eliminar los Programas de Resultados Electorales Preliminares para que, al cierre de casillas, inicien de inmediato los cómputos distritales.

Entre otros puntos, se propone ampliar los mecanismos de democracia participativa como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la revocación de mandato en elecciones locales; prohibir el nepotismo para evitar herencia de cargos públicos y establecer la no reelección a partir de 2030.

Además, se regularía el uso de inteligencia artificial en campañas, obligando a que se informe claramente cuando un contenido haya sido generado mediante esta tecnología.

Por su parte, Pablo Gómez, quien encabezó la comisión electoral que realizó la consulta previa, sostuvo que la reducción del gasto responde al elevado presupuesto actual. Señaló que en las elecciones de 2024 el gasto ascendió a 61 mil millones de pesos, de los cuales 36 mil millones correspondieron a organismos federales y 25 mil millones a organismos locales.

La propuesta también plantea que el INE cuente con órganos temporales suficientes para la organización electoral y que deje de designar a los consejeros de los organismos públicos locales electorales, como parte de una reconfiguración institucional orientada, según sus impulsores, a evitar una estructura sobredimensionada y fortalecer la fiscalización.