Chihuahua, Chihuahua, 8 de junio de 2026.- La investigación sobre el accidente ocurrido en abril pasado en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, reveló nuevos elementos que apuntan a posibles irregularidades en el manejo de armamento y evidencias.
De acuerdo con información obtenida por La Jornada, un rifle calibre .223 que portaba uno de los agentes estadunidenses fallecidos había sido asignado originalmente a una agente de la Policía de Investigación estatal. El arma fue solicitada por Manuel Genaro Méndez Montes, escolta del entonces director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, quien también perdió la vida en el percance.
Mandos de la corporación consultados por el diario señalaron que, tras la caída de la camioneta a un barranco en el municipio de Batopilas, el rifle quedó destruido. Sin embargo, presuntamente fue sustituido por otra arma con el propósito de ocultar evidencias relacionadas con el caso. Según esos testimonios, los restos del rifle original habrían sido retirados y a la agente propietaria del arma se le entregó una nueva.
Las mismas fuentes indicaron que la policía a la que estaba asignada el arma no ha sido llamada a declarar por la Fiscalía General del Estado, debido a que no participó en el operativo realizado en la Sierra Tarahumara. Además, señalaron que después del accidente recibió un periodo vacacional autorizado por sus superiores.
El caso forma parte de las investigaciones abiertas tras el accidente del 19 de abril, que sacó a la luz la participación de agentes de la CIA en operativos realizados junto con autoridades estatales de Chihuahua sin conocimiento del gobierno federal. La controversia provocó una crisis política y diplomática, así como la renuncia del entonces fiscal estatal, César Jáuregui Moreno.
La Fiscalía General de la República mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar posibles responsabilidades por la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano, la legalidad de los operativos realizados y las presuntas alteraciones de evidencias relacionadas con el accidente.
