Ciudad de México, 10 de agosto de 2026. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la futura Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos representa una oportunidad histórica para que el Estado reconozca plenamente el pluralismo jurídico, así como las distintas formas de organización y los sistemas de derecho de las comunidades originarias. A su juicio, la legislación podría beneficiar de manera directa a una cuarta parte de la población mexicana.
Aguilar Ortiz, integrante del pueblo mixteco, señaló que la nueva legislación impulsada por el Ejecutivo federal permitiría dejar atrás prácticas institucionales que durante décadas han obligado a las comunidades indígenas y afromexicanas a adaptarse o incluso simular formas de organización ajenas para poder acceder a derechos, servicios y reconocimiento jurídico. Consideró que el objetivo debe ser que el marco legal se adapte a la realidad de los pueblos y no que éstos tengan que modificar su identidad para ser atendidos por las instituciones.
El presidente de la Corte sostuvo que durante más de dos siglos de México independiente no ha existido una legislación que otorgue un reconocimiento pleno a los pueblos que forman parte de la nación. Como ejemplo de las dificultades actuales, mencionó el caso de una comunidad que adquirió autobuses, pero tuvo que constituirse como sociedad anónima para poder obtener una concesión de transporte.
Las consultas regionales sobre la iniciativa presidencial comenzaron recientemente y están dirigidas a comunidades de pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. La Suprema Corte participa como observadora, con la finalidad de escuchar los planteamientos de las comunidades, tomar nota de sus propuestas y elaborar un informe sobre el proceso, sin emitir una postura a favor o en contra de la legislación.
Aguilar Ortiz consideró que esta iniciativa podría representar un paso para concretar parte de las demandas que surgieron con el levantamiento zapatista y que quedaron inconclusas tras la reforma constitucional de principios de siglo. Recordó que aquella modificación no reconoció plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, mientras que la reforma constitucional de dos mil veinticuatro abrió una nueva etapa al reconocerlos, junto con los pueblos afromexicanos, como sujetos de derecho público.
El ministro reconoció que todavía existen resistencias, pero afirmó que avanza una nueva perspectiva en la que los pueblos indígenas y las comunidades tienen una presencia cada vez más importante en la vida nacional. En ese sentido, sostuvo que el desafío para las instituciones, incluida la Suprema Corte, es incorporar esa diversidad a su funcionamiento cotidiano y garantizar que los derechos reconocidos en la Constitución se traduzcan en una participación efectiva dentro del proyecto de país.
