Ciudad de México, 16 de junio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que el gobierno federal podría rechazar la solicitud de detención con fines de extradición presentada por autoridades de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios sinaloenses si no se entregan pruebas que sustenten las acusaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. 

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que hasta el momento el gobierno estadounidense no ha remitido la documentación probatoria que respalde los señalamientos ni los elementos necesarios para justificar una detención urgente con fines de extradición. En ese sentido, enfatizó que México actuará conforme a la ley y a los procedimientos establecidos en el tratado bilateral de extradición. 

Sheinbaum explicó que, si las pruebas no son presentadas, la solicitud puede ser rechazada independientemente de las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República. Añadió que existe otra vía legal, que consiste en iniciar formalmente un juicio de extradición, aunque también requeriría la presentación de evidencias suficientes para sustentar el caso. 

La presidenta recordó que esta situación no es excepcional, ya que Estados Unidos también ha rechazado en diversas ocasiones solicitudes de detención urgente promovidas por México por considerar insuficientes las pruebas aportadas. Según ha señalado previamente el gobierno mexicano, existen al menos 36 casos en los que autoridades estadounidenses han negado extradiciones bajo ese argumento. 

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que ni Rocha Moya ni los demás exfuncionarios señalados han solicitado protección especial al gobierno federal y que tampoco se les ha ofrecido. Indicó que el exgobernador cuenta únicamente con escoltas proporcionados por autoridades estatales. 

El caso ha generado tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos desde que el Departamento de Justicia estadounidense hizo públicos los señalamientos contra funcionarios de Sinaloa. Mientras Washington sostiene que existen investigaciones en curso, el gobierno mexicano ha insistido en que cualquier acción judicial debe sustentarse en pruebas sólidas y respetar los principios de soberanía, debido proceso y presunción de inocencia.