Ciudad de México, 13 de julio de 2026.- El Gobierno de México presentará este lunes denuncias penales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte de diecisiete ciudadanos mexicanos ocurridas durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida representa un cambio en la estrategia del gobierno mexicano, que pasará de la vía diplomática a la judicial para exigir el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades. 

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, además de las acciones penales, se promoverán demandas civiles contra las empresas privadas encargadas de operar centros de detención migratoria, al considerar que existen violaciones a los derechos humanos de las personas retenidas. Explicó que catorce de los fallecimientos ocurrieron mientras los mexicanos se encontraban bajo custodia del ICE y tres más durante operativos migratorios. 

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, señaló que las denuncias buscan que las autoridades estadounidenses investiguen posibles responsabilidades penales por estas muertes, luego de que las gestiones diplomáticas realizadas por México no obtuvieran resultados satisfactorios. Agregó que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ya fue informado sobre la decisión del gobierno mexicano y mostró disposición para escuchar las preocupaciones planteadas por la administración federal. 

El caso que detonó la decisión fue la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que falleció tras recibir disparos de agentes del ICE durante un operativo en Houston, Texas. La familia de la víctima ha solicitado una investigación independiente para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras que las autoridades estadounidenses sostienen que los agentes actuaron en defensa propia. 

El Gobierno de México reiteró que estas acciones legales no buscan afectar la relación bilateral con Estados Unidos, sino garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y la protección de los derechos humanos de los connacionales que residen en ese país.