Almoloya de Juárez, Estado de México, 7 de agosto de 2026. Un juez de control del Centro de Justicia Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano determinó imponer prisión preventiva oficiosa al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien fue imputado por la Fiscalía General de la República por los delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia relacionados con el caso Ayotzinapa.
La resolución se dio después de una audiencia que se prolongó durante varias horas, en la que la defensa del ex mandatario solicitó que la medida cautelar pudiera cumplirse bajo arraigo domiciliario, argumentando su edad y estado de salud. Sin embargo, el juez consideró que no se cumplían las condiciones legales para conceder esta excepción.
Aguirre Rivero, quien padece hipertensión, acudió a la audiencia en silla de ruedas y señaló que su estado de salud se había deteriorado después de su detención. Incluso tuvo que ser valorado por un médico dentro del penal tras presentar malestares durante la noche y antes de la audiencia.
Durante la diligencia, la Fiscalía le atribuyó presuntamente haber ordenado el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, durante la noche del veintiséis de septiembre y la madrugada del veintisiete de septiembre de dos mil catorce, cuando los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron privados de la libertad y posteriormente desaparecidos.
La acusación se sustenta, entre otros elementos, en los testimonios de dos funcionarias del Poder Judicial de Guerrero, quienes señalaron que el entonces gobernador habría ordenado ocultar y destruir evidencias, incluidos videos de las cámaras de vigilancia ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Aunque el ex gobernador se reservó inicialmente su derecho a declarar, durante la audiencia manifestó su pesar por lo ocurrido con los normalistas y sostuvo que siempre había colaborado con las investigaciones para esclarecer los hechos. Aguirre Rivero negó las acusaciones y afirmó que mantiene la conciencia tranquila.
La Fiscalía General de la República señaló que la acusación forma parte de un nuevo modelo de investigación desarrollado en coordinación con instancias encargadas del caso Ayotzinapa y que el análisis de las actuaciones existentes permitió abrir nuevas líneas de investigación. De acuerdo con la dependencia, existen datos de prueba que apuntan a una posible participación del ex gobernador en el ocultamiento de evidencias.
La audiencia continuará la próxima semana, cuando el juez deberá determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Ángel Aguirre Rivero por los delitos que se le imputan.
