Almoloya de Juárez, Estado de México, 8 de agosto de 2026.- Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y rechazó la solicitud de su defensa para que enfrentara el proceso bajo reclusión domiciliaria, al considerar que existe riesgo de evasión. El ex mandatario es señalado por la Fiscalía General de la República de los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada, relacionados con el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
Durante la audiencia, realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el Ministerio Público presentó testimonios que presuntamente vinculan a Aguirre con el ocultamiento y destrucción de evidencias sobre lo ocurrido la noche en que desaparecieron los estudiantes. De acuerdo con la acusación, el entonces gobernador habría ordenado a colaboradores destruir información relacionada con los hechos registrados en Iguala.
La Fiscalía sostuvo que entre las evidencias se encuentran testimonios de ex funcionarias del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, quienes señalaron que material videográfico sobre los acontecimientos fue entregado al entonces gobernador y posteriormente habría sido canalizado al procurador estatal. Según la representación ministerial, posteriormente se habría instruido la destrucción de evidencias.
Aguirre Rivero acudió a la audiencia en silla de ruedas y manifestó que, tras su detención, presentó complicaciones de hipertensión. Su defensa solicitó que se le permitiera permanecer en su domicilio debido a su edad y estado de salud, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para acceder a esa medida.
Durante su intervención, el ex gobernador lamentó lo ocurrido con los estudiantes y aseguró que siempre ha colaborado con las investigaciones. También afirmó que demostraría a su familia que no tiene relación con los hechos que se le imputan.
Con la resolución, Aguirre Rivero permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras continúa el proceso judicial. La Fiscalía General de la República señaló que, de acuerdo con sus investigaciones, existen elementos que acreditarían su participación, junto con otros servidores públicos estatales, en el presunto ocultamiento de evidencias para esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos.
