Quito, Ecuador; 22 de diciembre de 2025. La justicia ecuatoriana impuso sentencias de 34 años y ocho meses de prisión a once militares considerados autores directos de la desaparición forzada seguida de muerte de cuatro menores de entre 11 y 15 años en diciembre de 2024, y además dictó penas menores para otros cinco militares que cooperaron con la fiscalía, en un fallo que incluye el pago de multas simbólicas a las familias y disculpas públicas por parte de los condenados.
El caso, conocido como “Las Malvinas” por el barrio de Guayaquil donde ocurrieron los hechos, comenzó cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 14, y Steven Medina, de 11 años desaparecieron luego de ser detenidos por patrullas militares bajo el argumento de una alerta de robo; tras varios días sin información, sus restos calcinados fueron hallados cerca de una base militar, lo que generó indignación nacional y protestas exigiendo justicia.
Además de las largas penas, el tribunal requirió que los sentenciados participen en una ceremonia de desagravio “reconociendo la responsabilidad del Estado y la institución militar” y que reciban capacitación en derechos humanos, en un proceso que refleja la gravedad del delito de desaparición forzada y el impacto de los hechos en Ecuador, donde organizaciones de derechos humanos han seguido de cerca el caso.
