Ciudad de México; 11 de febrero de 2026. El concejal José Emilio Villar González promovió un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, omitió reincorporarlo a su cargo en el Concejo de la demarcación, pese a haber notificado formalmente su regreso desde el pasado 2 de enero, tras concluir una licencia temporal.
El expediente fue ingresado el lunes ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde Villar González acusó a la titular de la alcaldía de incurrir en una “omisión que vulnera” su derecho a ejercer el puesto que obtuvo en las urnas con el respaldo de 145 mil votos. El concejal expresó su confianza en que el órgano jurisdiccional le conceda el amparo correspondiente y afirmó que busca únicamente el respeto a la voluntad ciudadana.
El promovente detalló que el 3 de febrero notificó a la alcaldía su intención de retomar las audiencias ciudadanas semanales, documento que cuenta con sellos de recibido de distintas áreas. Además, sostuvo que durante su licencia de 100 días dejó a su suplente, Ricardo Martínez, a cargo de dichas actividades, por lo que, aseguró, no existió ausencia ni incumplimiento en sus funciones.
Villar González calificó como “legaloide y falsa” la versión de la alcaldía sobre una supuesta inasistencia prolongada, la cual —dijo— se utiliza como pretexto para impedir su restitución. En respuesta, la autoridad local argumentó en un documento enviado por correo electrónico que la licencia fue otorgada por tiempo indefinido y que su ausencia superó los 60 días permitidos por la Ley Orgánica de Alcaldías y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la capital.
En paralelo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto a la Auditoría Superior local para que revise, dentro de la Cuenta Pública 2025, contratos en los que presuntamente la alcaldesa habría simulado procesos de licitación mediante la participación de empresas pertenecientes al mismo consorcio, identificado como Grupo Meor.
La propuesta, presentada por la diputada de Morena Leonor Gómez Otegui, fue respaldada por legisladores de su bancada, quienes colocaron carteles en sus escritorios con la consigna “No a las estafas maestras en la Cuauhtémoc”. Asimismo, el pleno aprobó elaborar lineamientos para regular la representación institucional del Congreso en el extranjero, con el fin de evitar que legisladores utilicen el cargo para promover agendas personales.
