Ciudad de México, 31 de mayo de 2026. La reforma constitucional que aplaza hasta 2028 la elección de jueces y magistrados locales obtuvo el respaldo de la mayoría de los congresos estatales del país, con lo que quedó en condiciones de ser declarada constitucional y continuar su proceso de entrada en vigor. La modificación fue aprobada por al menos 22 legislaturas locales, superando el requisito establecido por la Constitución para validar cambios de esta naturaleza.
La reforma busca homologar los tiempos de implementación de la transformación del Poder Judicial en las entidades federativas y otorgar más tiempo a los estados para adecuar sus marcos legales, estructuras institucionales y procedimientos electorales. Con ello, las elecciones judiciales locales que originalmente estaban previstas para celebrarse antes serán realizadas de manera concurrente en 2028.
Durante la discusión del proyecto, legisladores que respaldaron la iniciativa argumentaron que el aplazamiento permitirá garantizar mejores condiciones organizativas y presupuestales para llevar a cabo los procesos de selección y elección de integrantes de los poderes judiciales estatales. También señalaron que las entidades requieren tiempo adicional para armonizar sus constituciones y leyes con la reforma judicial aprobada a nivel federal.
Por su parte, sectores de oposición expresaron críticas al cambio, al considerar que retrasa la implementación de mecanismos de participación ciudadana en la integración de los poderes judiciales locales. Sin embargo, la mayoría de los congresos estatales respaldó la propuesta, por lo que la reforma avanzó en su ruta legislativa y quedó lista para su declaratoria de validez constitucional.
Con esta aprobación, los estados contarán con un plazo más amplio para preparar los ajustes normativos y administrativos necesarios antes de la celebración de los comicios judiciales locales, los cuales se realizarán en 2028 como parte del proceso de renovación y transformación del sistema de justicia impulsado a nivel nacional.
