Ciudad de México, 11 de agosto de 2026. El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, compareció nuevamente ante un juez federal, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa. Aguirre permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano y fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez para participar en la audiencia.
Durante la diligencia, el ex mandatario estatal y su defensa buscaron responder a las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República, relacionadas con la presunta desaparición de grabaciones que podrían contener información sobre los hechos ocurridos en Iguala durante la desaparición de los estudiantes normalistas. Aguirre aseguró ante el juez que aclarará las imputaciones en su contra y manifestó tener la conciencia tranquila.
La Fiscalía sostiene que Aguirre habría ordenado la destrucción de un disco que contenía imágenes captadas por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche en que desaparecieron los normalistas. Según la acusación, las grabaciones mostrarían a estudiantes sometidos y vigilados por policías y hombres armados, además de vehículos oficiales que habrían escoltado el autobús en el que se encontraban.
Los representantes de la Fiscalía también señalaron que el ex gobernador habría instruido al entonces procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, para hacerse cargo del material y que posteriormente habría ordenado a un familiar desaparecer evidencias relacionadas con los estudiantes. Estas acusaciones forman parte de los elementos que serán valorados por el juez para determinar la situación jurídica del ex mandatario.
Aguirre se presentó a la audiencia en silla de ruedas y manifestó tener problemas de salud. Su defensa había solicitado que pudiera continuar el proceso bajo prisión domiciliaria, pero el juez rechazó esa posibilidad. Mientras tanto, los padres de los normalistas desaparecidos mantienen su exigencia de esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en el caso.
