Ciudad de México, 20 de noviembre de 2025. El Congreso de la Ciudad de México acusó a los alcaldes panistas Alessandra Rojo de la Vega (Cuauhtémoc) y Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo) de financiar con recursos públicos a grupos violentos para que participaran en la manifestación de la autodenominada “Generación Z”.
La bancada de Morena presentó un punto de acuerdo para que ambos funcionarios sean separados de sus cargos mientras se indagan las supuestas irregularidades, ya que se les señala de orquestar parte de la movilización con fines políticos.
Durante el debate en el pleno, se apuntó que los comerciantes ambulantes habrían sido movilizados con advertencias de que se les retirarían sus espacios si no apoyaban la marcha, lo que sugiere una coerción institucional a miembros de la economía informal.
El congreso local también responsabilizó a líderes del PRI y del PAN, como Rubén Jiménez Barrios, por supuestamente coordinar a los vendedores informales para que acudieran a la marcha en grupos organizados y provocaran desórdenes.
Por otro lado, Morena pidió que la Contraloría local y la Junta de Coordinación Política conformen una comisión especial que dé seguimiento a una investigación sobre el origen de los desmanes y posibles vínculos partidistas en la protesta.
Se exigió también a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que continúen con las indagatorias para identificar a los “grupos violentos” que actuaron durante la marcha, especialmente los que derribaron vallas y enfrentaron a la policía.
En tribuna, algunos legisladores acusaron que la movilización no fue un acto espontáneo de jóvenes inconformes, sino un intento calculado por parte de la oposición para capitalizar el descontento social y desestabilizar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La petición de los diputados de Morena para iniciar un juicio político contra los alcaldes no fue bien recibida por el PAN, que negó las acusaciones y afirmó que la marcha era una expresión legítima de descontento ciudadano.
