Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.- El Senado de la República aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa que busca ampliar el uso de tarjetas bancarias, transferencias, códigos QR y otras herramientas digitales en las operaciones comerciales y los servicios públicos. La legislación fue avalada en medio de cuestionamientos de legisladores de oposición y desacuerdos dentro de Morena.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende facilitar las transacciones, promover la inclusión financiera y modernizar los mecanismos de pago en el país. Sin embargo, uno de sus puntos más debatidos es la facultad que otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en las que los pagos digitales podrían convertirse en la única forma de pago, bajo condiciones y plazos de transición específicos.
Durante la discusión, el senador morenista Ricardo Sheffield votó en contra del dictamen y cuestionó que una autoridad designada pueda tomar decisiones que, a su juicio, podrían generar controles excesivos sobre la actividad económica. Su postura se sumó a las críticas de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes advirtieron sobre los posibles efectos de la medida en pequeños comercios, comunidades rurales y personas sin acceso a servicios bancarios o conexión a internet.
Los representantes de Morena defendieron la reforma al señalar que el uso de herramientas digitales puede facilitar las transacciones, reducir trámites y ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a registrar sus ingresos y generar historiales financieros que favorezcan el acceso a créditos. También destacaron que México cuenta con sistemas como el SPEI y CoDi, cuya utilización buscan extender a más sectores de la población.
Por su parte, la oposición advirtió que la implementación de pagos exclusivamente digitales podría generar costos adicionales para los establecimientos comerciales y dificultades para quienes dependen del efectivo. Asimismo, cuestionó que la ley no establezca criterios suficientemente claros para determinar las actividades sujetas a esta modalidad y alertó sobre los riesgos relacionados con la conectividad y la inclusión financiera.
El dictamen contempla que el efectivo y los cheques puedan utilizarse temporalmente cuando existan contingencias técnicas o problemas de conectividad que impidan realizar operaciones electrónicas. Además, establece plazos para que Hacienda determine los sectores involucrados y para que las autoridades correspondientes emitan las disposiciones necesarias para la transición.
Tras su aprobación, la minuta fue remitida al Ejecutivo federal para su promulgación. La aplicación de la legislación dependerá de las disposiciones correspondientes, particularmente de la definición de los sectores y actividades en los que podrían establecerse restricciones al uso de dinero en efectivo.
