Ciudad de México; 3 de enero de 2026. Líderes y gobiernos de diversas regiones del mundo expresaron su rechazo y condena a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó bombardeos, la captura y salida del presidente Nicolás Maduro, al considerar que esas acciones constituyen una violación al derecho internacional, a la soberanía y a la integridad territorial de un Estado independiente. Autoridades de países latinoamericanos, como Brasil y Chile, calificaron los ataques como una línea inaceptable y urgieron a que la crisis venezolana se resuelva por medios pacíficos, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el multilateralismo.
El gobierno de Cuba describió la ofensiva como un “ataque criminal” y “terrorismo de Estado” dirigido no solo contra Venezuela sino contra toda América Latina, mientras que otras naciones como Belarús y algunas de la Comunidad del Caribe (CARICOM) también denunciaron la agresión y solicitaron una respuesta concertada de la comunidad internacional para frenar la escalada del conflicto.
En Europa, los ministros del gobierno español expresaron su condena por la intervención, subrayando la necesidad de respetar el derecho internacional y llamaron a la desescalada de tensiones, al tiempo que instaron a buscar soluciones diplomáticas. La Unión Europea y varios Estados reafirmaron que cualquier cambio político en Venezuela debe surgir de procesos pacíficos y legítimos, evitando el uso de la fuerza.
Además, Venezuela solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para exponer lo que calificó como una agresión y pedir medidas que responsabilicen a Estados Unidos por la violación de normas internacionales, bajo el argumento de que tales acciones ponen en riesgo la estabilidad y la paz en la región.
