Washington, 29 de septiembre de 2026. El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió temporalmente que la administración del presidente Donald Trump reanude las deportaciones de migrantes hacia terceros países distintos al suyo, mientras los magistrados analizan la legalidad de esta política. La decisión suspende por ahora un fallo de una corte de apelaciones que había frenado estos traslados.
El máximo tribunal estadunidense anunció que escuchará los argumentos sobre si las personas deportadas deben tener una oportunidad real de conocer el país al que serán enviadas y presentar objeciones antes de su traslado, particularmente cuando no tienen ningún vínculo con ese territorio. La resolución tendrá carácter temporal mientras continúa el proceso judicial y está previsto que los argumentos sean escuchados en diciembre.
La administración Trump sostiene que esta política se aplica principalmente a personas que tienen órdenes definitivas de deportación cuando no pueden ser regresadas a sus países de origen o estos se niegan a recibirlas. De acuerdo con los fiscales federales, los gobiernos de los terceros países ofrecen garantías de que los migrantes no serán perseguidos ni sometidos a tortura.
El fallo se produjo después de que una resolución judicial anterior obligara al gobierno estadunidense a cancelar un vuelo que trasladaría a unas setenta personas hacia tres países. Los abogados del gobierno argumentaron ante el Supremo que mantener esa restricción afectaría su capacidad para ejecutar las deportaciones.
De acuerdo con información citada por La Jornada, mediante acuerdos con distintos gobiernos, la administración Trump ha enviado a casi veinticinco mil personas a más de dos docenas de países. La mayoría de estos migrantes han sido trasladados a México.
Abogados de migrantes han cuestionado la medida y señalado que algunas personas han terminado detenidas en países que desconocían antes de su llegada, además de enfrentar posibles riesgos para su seguridad. También han sostenido que algunos de los deportados no tienen antecedentes penales y podrían enfrentar persecución o tortura en los lugares a los que son enviados.
