Ciudad de México, 12 de octubre de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las comunidades indígenas y afromexicanas tienen la última palabra en el análisis de la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, por lo que su presentación ante el Congreso de la Unión se pospondrá hasta que concluya el proceso de consulta y exista consenso sobre su contenido.
Durante un encuentro con representantes de pueblos originarios en Palacio Nacional, realizado en el marco del Día de la Resistencia de los Pueblos, la mandataria explicó que, aunque se tenía previsto presentar la propuesta legislativa el 12 de octubre, todavía existen temas que requieren revisión y discusión con las comunidades. Subrayó que serán ellas quienes determinen cuándo la iniciativa está lista para avanzar al Poder Legislativo.
Sheinbaum destacó que la consulta es fundamental para garantizar que la nueva legislación responda a las necesidades, demandas y derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Señaló que la normativa debe surgir de las propias comunidades, en cumplimiento del reconocimiento constitucional que establece su derecho a participar en las decisiones que les afectan.
La presidenta también resaltó la importancia de reconocer el 12 de octubre como el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en lugar de mantener la antigua denominación del Día de la Raza, que consideró vinculada con una visión eurocentrista de la historia. Sostuvo que la resistencia de estos pueblos ha sido fundamental para la construcción de la identidad y la diversidad cultural de México.
Asimismo, recordó que la reforma constitucional de 2024 reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, lo que representa un avance en la protección de sus derechos colectivos e individuales. La futura ley busca establecer mecanismos para hacer efectivo ese reconocimiento y fortalecer su autonomía, organización y participación en la vida pública.
El Gobierno Federal continuará con el proceso de consulta para incorporar las observaciones y propuestas de las comunidades, con el objetivo de construir una iniciativa consensuada antes de enviarla al Congreso.