Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- El Senado de la República aprobó la expedición de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una legislación que busca modernizar, homologar y conectar los catastros y los registros públicos de la propiedad en todo el país. La iniciativa fue avalada en lo general con el respaldo de Morena y sus aliados, mientras que las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
Durante la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez, explicó que la nueva ley pretende brindar mayor seguridad jurídica al patrimonio de las familias mediante información más confiable y actualizada sobre la propiedad de casas, terrenos y otros inmuebles. Asimismo, contempla la modernización digital de los registros y la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales.
La legislación también busca facilitar los trámites relacionados con la propiedad inmobiliaria, mejorar la transparencia y reducir las inconsistencias en los registros. Para ello, plantea mecanismos de interoperabilidad que permitan compartir y actualizar información catastral y registral, además de fortalecer la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Sin embargo, la aprobación generó críticas de la oposición, cuyos legisladores advirtieron sobre posibles afectaciones a la autonomía municipal y alertaron sobre un eventual incremento en el impuesto predial, al que se refirieron como un posible “predialazo”. También cuestionaron que la reforma pudiera concentrar en el Gobierno federal decisiones relacionadas con los valores catastrales y la administración de los ingresos municipales.
En respuesta, legisladores de Morena rechazaron esos señalamientos y sostuvieron que la nueva legislación no elimina la facultad de los ayuntamientos para recaudar el impuesto predial. Margarita Valdez y el senador Óscar Cantón cuestionaron a los opositores sobre los artículos específicos en los que, según sus argumentos, se establecerían dichas modificaciones.
El debate también puso sobre la mesa los retos que enfrentarán los gobiernos locales para actualizar sus sistemas de información inmobiliaria y adoptar las herramientas tecnológicas previstas en la legislación. Mientras sus promotores defienden que la homologación permitirá mejorar los servicios y brindar mayor certeza patrimonial, sus críticos mantienen dudas sobre el alcance de las nuevas disposiciones y sus posibles efectos en las finanzas municipales.
Tras su aprobación, el decreto fue remitido al Ejecutivo federal para los procedimientos correspondientes. La aplicación de la ley será relevante para determinar cómo se implementarán los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y de qué manera se garantizará que la modernización de los registros inmobiliarios respete las atribuciones de los municipios.
