Bogotá, Colombia; 21 de enero de 2026. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto mediante el cual se elimina la prima especial de servicios que recibían los congresistas, un beneficio mensual que representaba alrededor de 3,760 dólares y que había sido objeto de críticas por considerarse desproporcionado frente a la realidad económica del país.
A través de redes sociales, el mandatario informó que con este decreto se deroga una norma vigente desde el año 2013, emitida durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la cual había sustituido los beneficios de localización, vivienda y salud de los legisladores por una prima especial que, con el paso de los años y los ajustes salariales, alcanzó un monto cercano a los 16 millones de pesos mensuales.
En el documento oficial, el gobierno argumentó que la remuneración de los congresistas resultaba excesiva en comparación con el ingreso promedio de la población, por lo que se consideró necesario adoptar medidas de austeridad y reorientar el gasto público, en congruencia con principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto, transparencia y equidad. La medida tendrá efectos fiscales a partir del inicio del próximo periodo legislativo.
La decisión generó reacciones divididas en el ámbito político. El presidente del Senado, Lidio García, cuestionó la medida al señalar que Petro recibió dicha prima durante su etapa como congresista sin manifestar inconformidad, y acusó al Ejecutivo de enviar un mensaje de castigo político contra un Congreso independiente. En contraste, sectores afines al gobierno celebraron la eliminación del beneficio como un gesto de coherencia con el discurso de austeridad, mientras recordaron que intentos previos desde el propio Legislativo para reducir los salarios de los congresistas no habían prosperado debido a resistencias internas.
