Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.- El Órgano de Administración Judicial informó que ya fueron cubiertas las indemnizaciones y pensiones adicionales pendientes para 742 jueces y magistrados en retiro que dejaron sus cargos como consecuencia de la reforma judicial. De acuerdo con fuentes judiciales, estos pagos se realizaron conforme a los supuestos establecidos en la reforma constitucional.
Las mismas fuentes precisaron que 679 ex juzgadores recibieron estos beneficios durante el ejercicio de 2025 y otros 63 en lo que va de este año. Para cumplir con estas obligaciones, el Poder Judicial de la Federación generó ahorros que superan los cuatro mil 600 millones de pesos, en un contexto marcado además por un recorte presupuestal de 16 mil millones de pesos para este año.
El OAJ sostuvo que actualmente no existe adeudo con los jueces y magistrados que protestaron durante los últimos días, debido a que los casos de estas personas no se encuentran dentro de los supuestos legales que estableció la reforma para acceder a la indemnización extraordinaria o a la pensión complementaria.
Las autoridades judiciales explicaron que desde principios de este año se instaló una mesa de trabajo con ex juzgadores y sus representantes para revisar las solicitudes adicionales y determinar cuáles cumplían con los requisitos establecidos en la Constitución.
De las 157 solicitudes adicionales analizadas, 64 fueron consideradas procedentes, mientras que 93 resultaron improcedentes debido a que las personas solicitantes no cumplían con las condiciones previstas en la reforma. Entre las causas se encuentran haber renunciado antes del plazo correspondiente, haberse jubilado previamente, no haber declinado participar en la elección extraordinaria ante el Senado o encontrarse actualmente ocupando una plaza.
Las fuentes judiciales también rechazaron las cifras difundidas por los ex juzgadores que mantienen las protestas, quienes señalaron que existen más de 100 personas sin indemnización y más de 120 a quienes se les adeuda la pensión complementaria. El OAJ calificó estos datos como falsos y afirmó que cada persona cuya solicitud fue declarada improcedente recibió una notificación oficial con la explicación correspondiente.
La controversia se mantiene luego de que jueces y magistrados en retiro realizaran movilizaciones para exigir el cumplimiento de las prestaciones que consideran pendientes. Los inconformes han advertido que acudirán a instancias internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la falta de una solución que atienda sus demandas.
El conflicto deriva de la transición provocada por la reforma judicial, que estableció nuevas reglas para la salida de quienes ocupaban cargos jurisdiccionales y determinó condiciones específicas para acceder a indemnizaciones y pensiones adicionales. Mientras los ex juzgadores sostienen que existen pagos pendientes, el OAJ afirma que ha cumplido con las obligaciones previstas por la legislación y que las solicitudes que no fueron aprobadas no reúnen los requisitos constitucionales.
