Seúl, Corea del Sur; 26 de diciembre de 2025. En el primero de varios juicios relacionados con las acciones del expresidente Yoon Suk Yeol, la fiscalía especial surcoreana solicitó una pena de diez años de prisión por cargos que incluyen el intento de obstrucción a su detención después de su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, una decisión que desató una crisis constitucional en el país y que llevó posteriormente a su destitución por el Tribunal Constitucional.
Los fiscales acusaron a Yoon de intentar bloquear a los investigadores que buscaban detenerlo en enero, atrincherándose en el complejo presidencial y de obstruir la justicia al excluir a miembros del gabinete de reuniones importantes antes de anunciar la ley marcial, además de difundir información falsa a medios extranjeros y destruir evidencia relacionada con documentos oficiales, conductas que, según la acusación, “dañaron seriamente el Estado de derecho” y traicionaron la confianza de los ciudadanos que lo eligieron.
Durante el juicio, la fiscalía destacó que Yoon “no ha mostrado remordimiento ni se ha disculpado públicamente”, sino que ha mantenido que sus acciones fueron legítimas, incluso culpando a sus ayudantes, lo que para los fiscales hace aún más necesario imponer una sentencia que disuada futuros abusos de poder.
La corte de Seúl tiene previsto dictar su fallo el 16 de enero de 2026, fecha en la cual también se decidirá si la pena solicitada se ajusta a los criterios legales. Yoon enfrenta además otros procesos, incluida una acusación por insurrección que podría acarrear penas aún mayores si es hallado culpable.
