Nueva York, Estados Unidos; 2 de febrero de 2026. Nicolás Maduro, presidente depuesto de Venezuela, y su esposa, la política Cilia Flores, han cumplido un mes bajo custodia en una prisión federal de Nueva York tras ser capturados por fuerzas estadounidenses y trasladados para responder ante la justicia estadounidense por múltiples cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas, entre otros, mientras esperan una próxima audiencia fijada para el 17 de marzo de 2026.
Ambos se declararon no culpables durante su primera comparecencia ante una corte federal en Manhattan, donde Maduro afirmó que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela y se describió a sí mismo como un “prisionero de guerra”, negando las acusaciones y cuestionando la legalidad de su captura.
Los cargos en su contra forman parte de una amplia acusación presentada originalmente en 2020 que implicaba a altos funcionarios venezolanos en actividades de narcoterrorismo y otras conspiraciones, aunque tras su arresto la fiscalía estadounidense ajustó la acusación y ya no presenta a Maduro como líder de la supuesta organización criminal estructurada.
La pareja permanece recluida en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde también han solicitado atención médica mientras sus abogados consideran próximas estrategias legales, incluida la eventual petición de libertad bajo fianza, aunque hasta ahora no ha sido solicitada oficialmente.
La situación ha generado repercusiones diplomáticas y políticas, tanto dentro de Venezuela como internacionalmente, en medio de un contexto volátil para el país sudamericano tras la detención de su mandatario y los cambios en su liderazgo político.
