Houston, EU, 5 de octubre de 2026.- Menores migrantes que llegaron a Estados Unidos sin acompañamiento de un adulto o cuyos padres fueron detenidos por autoridades migratorias enfrentan procesos de deportación sin representación legal, luego de que el gobierno de Donald Trump recortó fondos destinados a organizaciones que brindaban asistencia jurídica a esta población.
El financiamiento era administrado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y permitía que una red nacional de organizaciones ofreciera servicios legales a menores migrantes no acompañados. La medida para retirar los recursos fue impugnada ante tribunales y una jueza federal ordenó mantener los servicios, protegidos por una ley vigente desde hace años.
Sin embargo, posteriormente el gobierno dejó de realizar pagos y en julio de este año venció el contrato con Acacia Center for Justice, organización que administraba una amplia red de grupos dedicados a brindar representación legal a los menores. El conflicto se agravó luego de que las autoridades condicionaran los pagos a la entrega de información confidencial de los niños atendidos, solicitud que las organizaciones rechazaron.
La situación ha provocado que menores lleguen a las cortes migratorias sin abogados que los orienten durante procedimientos que pueden terminar en su deportación. Organizaciones defensoras de migrantes han advertido que los niños requieren representación especializada, incluso para comprender los procedimientos y comunicarse con las autoridades cuando no dominan el idioma inglés.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados informó que durante agosto destinó recursos para mantener los servicios legales durante el resto del año mediante el Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes, que amplió sus servicios para ofrecer orientación, consultas y representación directa. No obstante, organizaciones defensoras señalan que la capacidad de esta entidad es considerablemente menor a la de la red que operaba anteriormente.
El caso ha generado cuestionamientos en el Congreso estadunidense, donde legisladores demócratas expresaron preocupación por la protección legal de una población considerada especialmente vulnerable y cuestionaron que los servicios sean asignados a organizaciones cuya experiencia y capacidad para atender estos procesos han sido puestas en duda.
