Washington, Estados Unidos, 1 de octubre de 2026. Los congresistas demócratas Jamie Raskin y George Whitesides solicitaron investigaciones independientes para determinar si hubo un uso ilegal de recursos públicos en una serie de anuncios televisivos del gobierno estadunidense en los que aparece el presidente Donald Trump, difundidos poco antes de las elecciones legislativas de noviembre.
Los legisladores pidieron a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental y a la Oficina del Asesor Especial revisar el origen y uso de los recursos destinados a los anuncios. De acuerdo con los congresistas, la Casa Blanca transfirió fondos del Departamento de Seguridad Nacional para financiar la producción y transmisión de los mensajes.
Los anuncios han generado cuestionamientos entre legisladores de ambos partidos y especialistas en ética, debido a que algunos de sus contenidos son similares a mensajes utilizados por Trump durante su campaña presidencial de 2024. En uno de ellos, el mandatario habla sobre impedir que Estados Unidos se convierta en un país comunista, mientras que otro presenta imágenes del Monte Rushmore y referencias a una supuesta “edad de oro” del país. Un tercer anuncio aborda una confrontación contra el llamado “Estado profundo” y guarda semejanzas con material de la campaña anterior.
Trump defendió los anuncios y sostuvo que no se trata de propaganda electoral, ya que no busca actualmente otro cargo ni está promoviendo a algún candidato. También afirmó que estaría dispuesto a cubrir personalmente el costo de los mensajes si se determina que hubo alguna irregularidad.
El grupo de vigilancia Public Citizen presentó además una denuncia ante la Comisión Federal de Comunicaciones para cuestionar el uso de recursos públicos en los anuncios. En contraste, el presidente de esa comisión, Brendan Carr, consideró que los materiales cumplen con las disposiciones vigentes. Los anuncios incluyen al final una leyenda que señala que fueron financiados por el gobierno de Estados Unidos.
