Miami, 31 de agosto de 2026.- El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió una investigación sobre una controvertida estrategia de la Administración de Control de Drogas (DEA) que habría permitido que grandes cargamentos de fentanilo llegaran a las calles mientras agentes federales buscaban construir investigaciones contra redes de narcotráfico de mayor alcance.
El presidente del comité, el republicano James Comer, solicitó al secretario de Justicia, Todd Blanche, documentos relacionados con la práctica de vigilar grandes cargamentos de fentanilo sin decomisarlos. La investigación surge después de que informantes de la DEA en Nuevo México señalaran que recibieron instrucciones de no intervenir ante envíos de cientos de miles de pastillas, lo que podría haber contravenido protocolos del Departamento de Justicia destinados a proteger a las comunidades.
La polémica también derivó en una demanda presentada por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien busca obligar al Departamento de Justicia a entregar registros relacionados con estas operaciones. Comer sostuvo que una política que ordenara no interceptar cargamentos importantes de fentanilo habría provocado daños considerables y pérdida de vidas. La DEA, hasta ahora, no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre el caso.
La pesquisa del Congreso ocurre después de una investigación de The Associated Press que documentó que agentes de la DEA siguieron repetidamente grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025, permitiendo que parte de la droga llegara a las calles mientras las autoridades intentaban fortalecer casos penales contra organizaciones de tráfico de drogas.
De acuerdo con la investigación, la estrategia conocida como permitir que las drogas “caminen” continuó incluso durante el segundo gobierno de Donald Trump. En una de las operaciones, las autoridades terminaron decomisando alrededor de tres millones de pastillas de fentanilo, aunque cantidades mayores no fueron incautadas mientras agentes observaban los movimientos de presuntos distribuidores desde helicópteros y vehículos de vigilancia.
La controversia se centra también en un cambio realizado por el Departamento de Justicia en 2024 a los protocolos establecidos años antes. Las reglas anteriores indicaban a los agentes que debían decomisar o impedir la distribución del fentanilo tan pronto como fuera posible, mientras que las modificaciones otorgaron mayor margen de decisión para preservar investigaciones de mayor alcance.
El organismo de control interno del Departamento de Justicia anunció además una revisión nacional para determinar si esta práctica fue utilizada en otras regiones y si las autoridades federales recurrieron a estrategias similares durante investigaciones con escuchas telefónicas.
El administrador de la DEA, Terry Cole, defendió la naturaleza de las investigaciones de largo plazo y afirmó que la agencia continuará trabajando bajo el marco de la ley, al tiempo que expresó su respaldo a la revisión emprendida por el inspector general del Departamento de Justicia.
