Madrid; 14 de enero de 2026. La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias de investigación tras recibir una denuncia formal presentada el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias, por presuntas agresiones sexuales y otros delitos denunciados por dos exempleadas que trabajaron en sus residencias en el Caribe, informó el Ministerio Público español en un comunicado oficial.
Las acusaciones, que surgieron a partir de una investigación periodística conjunta de elDiario.es y Univision Noticias, señalan que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta habrían sido objeto de agresiones sexuales, acoso laboral, humillaciones y un ambiente de trabajo controlado y vejatorio mientras laboraban para el artista en 2021 en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas, detallan los testimonios recogidos.
En la denuncia ante la Fiscalía se exponen hechos que podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, así como delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, entre ellos acoso y agresión sexual, además de violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras, indicaron organizaciones que respaldan a las denunciantes.
El proceso investigativo tiene carácter reservado, por lo que las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre posibles medidas cautelares ni sobre el avance de las diligencias, aunque la apertura de la investigación penal preprocesal marca el inicio formal de un procedimiento que podría derivar en imputaciones o cargos si se reúnen pruebas suficientes.
Las denunciantes, identificadas con seudónimos para proteger su identidad, han declarado que se sintieron “como objetos” en el contexto de las supuestas agresiones y que esperaron años para presentar la denuncia por temor a represalias o falta de canales seguros para hacerlo, según han manifestado organizaciones de derechos humanos que han dado acompañamiento al caso.
Hasta el momento Iglesias no ha emitido declaraciones públicas ni su equipo de representación legal ha respondido oficialmente a las acusaciones, mientras figuras políticas y organizaciones civiles han expresado posiciones encontradas sobre la necesidad de una investigación rigurosa y el respeto al debido proceso.
