Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.- El gobierno de Estados Unidos busca ampliar su estrategia de control migratorio mediante el Servicio de Impuestos Internos, luego de que el Departamento del Tesoro propusiera nuevas reglas para impedir que personas migrantes sin documentos accedan a determinados beneficios fiscales destinados a población vulnerable.

La propuesta establece que los contribuyentes que soliciten ciertos créditos fiscales deberán comprobar que son ciudadanos estadunidenses o que cuentan con la condición de “extranjeros cualificados”. Además, deberán proporcionar información sobre la situación migratoria de su cónyuge. La presentación de información deliberadamente falsa podría derivar en sanciones económicas y consecuencias penales.

Las medidas buscan reforzar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales, una legislación que limita el acceso de extranjeros a determinados beneficios públicos federales. El Tesoro pretende incluir entre estos apoyos créditos relacionados con adopción, hijos, educación y trabajadores de bajos ingresos, con el argumento de impedir que sean otorgados a personas que no cumplen con los requisitos migratorios.

El gobierno estadunidense sostiene que la medida pretende combatir el supuesto abuso de créditos fiscales financiados por los contribuyentes y garantizar que estos recursos no sean entregados a personas que, de acuerdo con la legislación federal, no tienen derecho a recibirlos.

Sin embargo, la propuesta ha sido cuestionada por considerar que representa una herramienta adicional de persecución migratoria más que una estrategia para generar ahorros al gobierno. El propio documento reconoce que los efectos económicos serían limitados, debido a que para acceder a estos subsidios generalmente se requiere contar con un número de seguridad social válido.

La iniciativa también deja en evidencia que el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos no cuentan con información suficiente para determinar con precisión cuántos contribuyentes podrían perder estos beneficios ni cuál sería exactamente el monto de los recursos que dejarían de recibir.

De esta manera, el uso de la información fiscal se perfila como una nueva herramienta dentro de la política migratoria estadunidense, al permitir a las autoridades hacendarias identificar la situación migratoria de contribuyentes que soliciten determinados apoyos y restringir su acceso a beneficios establecidos por la legislación federal.