Washington, 21 de septiembre de 2026.- Estados Unidos deportó a más de veinticinco mil personas a países con los que no tenían vínculos, mediante acuerdos establecidos con gobiernos de distintas regiones, de acuerdo con una investigación de Forbidden Stories y un consorcio de periodistas internacionales. Los datos recopilados señalan que las deportaciones se realizaron desde que Donald Trump asumió la presidencia y hasta finales de agosto de este año. 

La investigación señala que el gobierno estadunidense destinó alrededor de 410 millones de dólares para facilitar estos acuerdos, mediante recursos entregados directamente a los países receptores o a organismos de Naciones Unidas. La mayoría de las personas deportadas, unas veinte mil, fueron enviadas a México, mientras que el resto fue trasladado a otros países de América Latina, África y el Pacífico. 

Los acuerdos contemplan distintas condiciones, entre ellas las nacionalidades de las personas que pueden ser recibidas y si los países aceptarán a migrantes con antecedentes penales. La investigación también documentó que Estados Unidos estableció acuerdos con diversos gobiernos para recibir a personas que no podían ser enviadas legalmente de regreso a sus países de origen. 

El esquema ha generado cuestionamientos por la situación legal de las personas deportadas. Abogados citados en la investigación señalaron que algunos migrantes pueden quedar en una situación de incertidumbre jurídica al ser trasladados a países con los que no tienen vínculos y donde podrían contar con mecanismos limitados de protección.

De acuerdo con el reporte, una oficina del Departamento de Estado creada en 2025 se encargó de buena parte de las negociaciones y de los pagos relacionados con estos acuerdos. La investigación también documentó contactos con numerosos países africanos para explorar su disposición a recibir deportados de terceros países. 

Entre los casos identificados se encuentra Camerún, que suscribió un acuerdo con Estados Unidos para recibir deportados y posteriormente obtuvo recursos estadunidenses destinados a programas de asistencia sanitaria y atención de refugiados. El primer vuelo con personas deportadas bajo este esquema llegó al país africano en enero. 

Otros acuerdos contemplan pagos directos a los gobiernos receptores. En el caso de Palau, por ejemplo, se estableció un convenio para recibir a personas de terceros países a cambio de recursos económicos, mientras que Esuatini también aceptó migrantes deportados bajo un acuerdo que contempla incluso a personas con antecedentes penales. 

La investigación señala que parte de los recursos destinados a estos convenios fue canalizada a organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Estas instituciones han defendido su participación y señalaron que los recursos estadunidenses utilizados en los programas deben destinarse conforme a sus respectivos mandatos.