Nueva York, 13 de agosto de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una demanda federal por un nuevo servicio de pago de su empresa Truth Social que permite a determinados clientes acceder antes que el público general a sus publicaciones, incluidas aquellas relacionadas con decisiones de política estadounidense.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Manhattan por The Intercept y la Fundación para la Libertad de Prensa, organizaciones que cuestionan la legalidad del mecanismo y sostienen que las comunicaciones oficiales de un presidente deberían estar disponibles para todas las personas al mismo tiempo, sin que el acceso pueda depender de la capacidad de pago.
El servicio, denominado Truth API, es ofrecido por Trump Media & Technology Group y está dirigido principalmente a clientes institucionales, como empresas financieras. Mediante esta herramienta, los suscriptores pueden recibir las publicaciones de cuentas relevantes de Truth Social antes que el resto de los usuarios, lo que cobra especial importancia cuando se trata de mensajes capaces de influir en los mercados financieros o de anuncios relacionados con asuntos gubernamentales.
Los demandantes argumentan que este esquema podría violar disposiciones de la Constitución estadunidense, particularmente aquellas relacionadas con la libertad de expresión y el debido proceso, al considerar que se está otorgando un acceso privilegiado a información de interés público. La acción legal busca que Trump Media ponga fin al servicio de pago y al acuerdo que permite que determinadas publicaciones tengan un acceso exclusivo o prioritario.
La controversia también ha generado críticas de organizaciones dedicadas a la ética y la libertad de prensa, que consideran preocupante que un presidente pueda obtener beneficios económicos mediante una plataforma de su propiedad mientras utiliza ese espacio para difundir información relacionada con decisiones oficiales. La empresa, por su parte, defiende el servicio como una herramienta comercial de distribución de datos.
El caso abre un nuevo debate en Estados Unidos sobre los límites entre los negocios privados de un mandatario, el uso de las redes sociales para comunicar asuntos de gobierno y el derecho de la ciudadanía y los medios de comunicación a recibir información pública en condiciones de igualdad.
