Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por los presuntos abusos policiales cometidos durante la manifestación del pasado domingo en Guadalajara, Jalisco, donde ciudadanos protestaron por la mala calidad del agua que reciben en sus hogares. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) acompañará las indagatorias dentro del marco de sus atribuciones.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la investigación contempla el uso de chorros de agua y gases durante la movilización, así como las denuncias de agresiones físicas contra jóvenes detenidos por elementos policiales. Sheinbaum señaló que solicitó una revisión profunda de los hechos para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y evitar que estas conductas queden impunes.
La protesta se realizó el pasado once de octubre y reunió a cientos de personas que marcharon desde las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro. La movilización derivó en enfrentamientos entre manifestantes y elementos antimotines, además de detenciones que posteriormente generaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza pública.
En paralelo, Sheinbaum informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) analiza dos proyectos para atender la problemática del suministro de agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara. La presidenta indicó que solicitó una revisión técnica más detallada de las propuestas para determinar su viabilidad y los recursos federales que podrían destinarse a su implementación.
La mandataria adelantó que espera contar con el análisis de las alternativas para establecer comunicación con el gobierno de Jalisco y presentar información a los habitantes afectados. Mientras tanto, las investigaciones sobre la actuación policial continuarán para esclarecer las denuncias y determinar si existieron violaciones a los derechos humanos durante la manifestación.
El caso mantiene la atención sobre dos demandas de la población jalisciense: garantizar el acceso a agua limpia y segura, y esclarecer las presuntas agresiones contra quienes salieron a las calles para exigir una solución a la problemática.
