Ciudad de México, 29 de septiembre de 2026. El gobierno federal presentó nuevos avances en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en 2014. Las autoridades informaron sobre nuevas líneas de investigación derivadas del análisis de comunicaciones telefónicas, testimonios, documentos y cateos realizados en distintos puntos relacionados con el caso.
Entre los principales hallazgos se encuentra la funeraria El Ángel y un Servicio Médico Forense ubicado en un inmueble anexo, instalaciones que, de acuerdo con la investigación presentada por las autoridades, habrían estado bajo control de integrantes de Guerreros Unidos a través del propietario del establecimiento. En cateos realizados previamente fueron localizados un fémur humano, un horno crematorio clandestino, documentación oficial y diversos registros relacionados con el traslado e inhumación de cadáveres.
Durante nuevas búsquedas realizadas este año también fueron encontrados cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos. Además, se localizaron restos humanos enterrados en el patio trasero del Semefo, los cuales fueron identificados genéticamente y relacionados con otro fragmento hallado anteriormente en una fosa clandestina de Taxco. Sin embargo, las autoridades señalaron que estos restos no corresponden a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.
Otra de las líneas de investigación surgió del análisis de registros telefónicos. Las autoridades informaron que teléfonos pertenecientes a algunos de los estudiantes fueron utilizados después de su desaparición. Entre ellos se encuentra el dispositivo de Julio César Mondragón, cuyo teléfono habría sido utilizado por el propietario de la funeraria, así como equipos de Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Aníbal Cruz Mendoza e Israel Caballero Sánchez, que posteriormente estuvieron en manos de distintas personas vinculadas a la investigación.
El nuevo análisis también permitió identificar a personas que no habían sido consideradas en investigaciones anteriores y reconstruir posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias. Asimismo, se investiga el presunto ocultamiento de videograbaciones de cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
En cuanto a la participación de elementos militares, el subsecretario Arturo Medina informó que hay militares detenidos y bajo proceso, y sostuvo que las imputaciones son individuales. Sobre los folios que familiares de los normalistas han reclamado a la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló que el Ejército respondió que realizó una revisión de sus archivos y que no encontró información adicional.
